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El Gobierno indulta a una anarquista condenada por enviar un paquete bomba

CATALUñA | 16 de Marzo de 2014

 

El Consejo de Ministros del día 28 de febrero aprobó la concesión de una docena de indultos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no informó de ellos y La Moncloa tampoco los incluyó en la referencia que facilita tras la reunión de los viernes de los componentes del Ejecutivo.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el indulto del Gobierno a Tamara Hernández Heras, una anarquista condenada, en 2011, por la Audiencia Provincial de Barcelona a ocho años de cárcel como autora de un delito de asesinato en grado de tentativa. Hernández envió un paquete bomba al ex responsable de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Albert Batlle, como medida de protesta y para reclamar la libertad de un preso anarquista, Amadeu Casellas, que estuvo más de 25 años en prisión.

La concesión de la medida de gracia conmmuta la pena de ocho por dos, lo que evitará que la condenada entre en prisión. Hernández ingresó, de manera voluntaria, en la cárcel, donde solo estuvo cuatro meses. Antes de que se celebrara el juicio, aceptó la condena de ocho años de prisión por intento de homicidio

El envío del paquete se produjo en octubre de 2009, cuando Hernández, que entonces tenía 25 años, se dirigió a una oficina de correos de Alcalá de Henares, y envió la bomba dirigida al domicilio profesional de Albert Batlle Bastardas. El paquete fue recibido en la sede de Prisiones y fue desactivado por los Tedax.

El indulto fue concedido en el Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero. Fuentes de Justicia han señalado que el ministerio ha tenido en cuenta que la entonces perteneciente al grupo "Cruz Negra" no tiene antecedentes penales, que el perjudicado no se ha opuesto a su concesión y que los informes de la Sala y del Ministerio Fiscal son favorables. No en todas las ocasiones el ministerio se atiene a lo que dictan estos escritos.

Las mismas fuentes han indicado que dichos informes señalan que la penada, que ahora tiene 30 años, se encuentra completamente reinsertada en la sociedad, que realiza una vida personal, familiar y laboral completamente normalizada y que existen razones de justicia, equidad y utilidad pública para conceder la gracia.

Sin embargo, según fuentes policiales, la noticia del indulto a esta anarquista ha provocado recelo entre los agentes.

 

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